El reciente descubrimiento del ex cabo 1º de la Armada Argentina Francisco Fherembacher, que se desempeñó como maquinista en el destructor Comodoro Py durante el conflicto armado de 1982 contra el Reino Unido de Gran Bretaña, sin cobertura médico asistencial ni cobro de la pensión otorgada por el Estado Nacional, revela hasta el extremo la política institucional de la Armada Argentina hacia sus Veteranos de Guerra.

A casi 30 años de finalizado el conflicto armado por las Malvinas y demás Islas del Atlántico Sur, resulta inadmisible que un ex integrante del cuerpo profesional de la Armada Argentina que participó en la defensa de la Soberanía Nacional, se encuentre dependiendo exclusivamente de la protección familiar.

Las políticas desmalvinizadoras ejercidas por las Fuerzas Armadas apenas finalizados los combates de 1982, y su prolongación durante años por los gobiernos democráticos, obligaron a la conformación de las organizaciones de los ex soldados combatientes, para revertir sus efectos de desamparo institucional, y reivindicar la Causa en la que participamos.

El accionar de nuestras organizaciones permitió – no sin enormes esfuerzos y muchas pérdidas humanas en ese tortuoso camino-, alcanzar la sanción de normativas previsionales, laborales, educativas, sanitarias y habitacionales, que fueron reparando ese abandono por parte del Estado.

Las Fuerzas Armadas no sólo no acompañaron a los ex soldados combatientes en sus justas reivindicaciones, sino que las más de las veces fueron verdaderos obstáculos para su obtención. Al ser depositarias de la información sobre los participantes en el conflicto, las estructuras castrenses generaron todo tipo de confusiones, como quedó demostrado con los recientes reclamos de los ex soldados movilizados durante el conflicto, que se ampararon en espurios actos administrativos emanados principalmente de la Armada Argentina para reclamar al Estado Nacional lo que no corresponde.

Una de las medidas más perjudiciales para la determinación de la identificación de los Veteranos de Guerra fue, precisamente, una Resolución del Consejo de Almirantes del año 1994, presidida en ese entonces por el Almirante Carlos Marrón y bajo la Jefatura de la Fuerza por el Almirante Enrique Molina Pico. Con esa medida, la marina reconoció doce años después del fin de las acciones militares contra Gran Bretaña, a una veintena de buques y sus tripulaciones como participantes en el conflicto, que no estaban en los listados originales de 1982.

De esa manera, se calcula que unos 5.000 hombres que integraban las dotaciones de esos buques comenzaron a percibir los beneficios que las organizaciones de Ex Soldados conquistamos con una lucha sistemática, sin que se pueda determinar fehacientemente si participaron en la contienda bélica. Entre los beneficiados por ese controvertido acto administrativo, se encuentra el propio Almirante Enrique Molina Pico.

El destructor Comodoro Py fue uno de los buques reconocidos por la mencionada resolución de la Armada Argentina en 1994. El abandono de Fherenbacher revela claramente que la institución naval no emitió ese reconocimiento con el objeto de proteger a sus hombres, sino para beneficiar a sus más encumbrados representantes y a modo de encubrimiento de la desteñida actuación de la flota de mar en la defensa de nuestras Islas Malvinas en la guerra de 1982 contra la nueva invasión británica.

En el año 2004, el CECIMER y otras entidades, solicitamos la investigación de las presuntas irregularidades en el reconocimiento de buques de dudosa participación en el conflicto armado, sin resultados, salvando de responsabilidades a quienes fueron reconocidos por dichas medidas administrativas, pero con la firmeza que requiere la identificación indubitable de quienes tuvimos el honor de enfrentar a la fuerza colonialista británica que aún usurpa nuestros archipiélagos y mares en el Atlántico Sur.