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Los argentinos enfrentaremos en las próximas semanas momentos cruciales en los que se pondrá en juego nuestra soberanía sobre los archipiélagos del Atlántico sur, que por razones históricas y geográficas nos pertenecen pero que fueron usurpados por Gran Bretaña.
… El referéndum convocado por el gobierno británico permitirá a los habitantes de las islas Malvinas decidir si quieren ser ciudadanos británicos. Se desconoce cuál será la formulación exacta de la pregunta, porque no es descabellado suponer que Londres haya concebido la posibilidad de crear allí una república asociada con el nombre de Falklands. Si eso ocurriera, las Naciones Unidas reconocerían a ese nuevo país y los derechos de la Argentina quedarían postergados por siglos, por no decir para siempre.
En estos días, las negociaciones están centradas en la voluntad de los isleños. Nuestro país, tradicional defensor de la autodeterminación de los pueblos, no reconoce esa atribución a los llamados “kelpers” por sólidas razones de orden jurídico: los habitantes de las islas no son una población originaria, sino trasplantada desde Gran Bretaña. En 1982, luego de la guerra, el Gobierno inglés documentó formalmente la condición de ciudadanos británicos de los isleños. Tiene razón el Gobierno argentino cuando no acepta la participación de los representantes de los kelpers en las negociaciones.
Los ingleses saben que su poder sobre las islas es fáctico, basado en su poderío militar y económico.
En 1833, Inglaterra era la “reina de los mares”, con una capacidad bélica inigualada por entonces. Lo que hoy es la República Argentina tenía entonces dos décadas de gobierno propio y distaba mucho de ser una nación jurídicamente organizada. De todos modos, las islas eran nuestras y la corona británica lo sabía, como lo sabe ahora.
Puestos a buscar argumentos históricos, los ingleses niegan que el descubridor de las islas sea alguno de los cuatro navegantes españoles que llegaron en los primeros cincuenta años después del descubrimiento de América. Aseguran que el descubridor fue John Davis, un marino cuya nave habría sido desviada hasta allí por una tormenta, en 1592. De esa visita no hay documentos ni quedó vestigio alguno. No se sabe tampoco si se trataba de las Malvinas.
También citan al corsario inglés Richard Hawkins, quien en 1594 se dirigía hacia el océano Pacífico para saquear poblaciones y dijo haber visto una tierra que no figuraba en ningún mapa. Recién en 1764, con el establecimiento de los franceses en Port Louis, comienza la colonización de las islas a las que llamaron Malouines.
No solo sus propios documentos y la historia desacreditan las pretensiones inglesas. Estas islas, despobladas y que fueron utilizadas ocasionalmente por los barcos para aprovisionarse de carne de focas y de pingüinos, se encuentran en la plataforma continental sudamericana, en una región donde Londres jamás había hecho pie antes de la invasión de 1833.
En 1494 las islas quedaron en la parte española tras el Tratado de Tordesillas. A las Provincias Unidas del Sud emancipadas en 1810 correspondieron los mismos límites que el extinto Virreinato del Río de la Plata. De ese modo, la Argentina heredó los archipiélagos.
Nadie discute con respecto a quién era el dueño de las islas antes de 1833. Hasta el célebre duque de Wellington, el vencedor de Napoleón, expresó: “He revisado todos los papeles relativos a las Falklands. De ninguna manera encuentro claro que alguna vez hayamos sido titulares de la soberanía de dichas islas”.
En 1910, el Foreign Office admitió que “… la actitud del Gobierno argentino no es enteramente injustificada y nuestra acción ha sido algo despótica”. También documentó: “Nosotros (Londres) no podemos hacer fácilmente un buen reclamo y astutamente hemos hecho todo lo posible para evitar discutir el tema en la Argentina”.
La Resolución 2.065 de la ONU, de 1965, al pedir que se descolonicen las islas respetando los intereses de los habitantes, reflejó con claridad que todo el mundo reconoce la soberanía argentina, menos Gran Bretaña.
Argentina deberá agotar sus recursos para que ese referéndum de marzo, de nulo valor jurídico, se convierta en una maniobra que sepulte, definitivamente, el ejercicio de nuestros derechos soberanos.
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